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viernes, 26 de junio de 2009

Los Principios Procesales

LOS PRINCIPIOS PROCESALES:

GENERALIDADES

CONCEPTO

Los principios procesales son “…la estructura sobre la que se construye un ordenamiento jurídico procesal. Es así que de ellos derivan las diversas instituciones que permiten presentar el proceso como un todo orgánico y compenetrándonos al mismo tiempo de sus funciones” (1). Alvarez Juliá, Luis. Manual de derecho procesal. Astrea ,Buenos Aires,1992, pag 46. Por su parte Ovalle Favela define los principios procesales como “aquellos criterios o ideas fundamentales, contenidos en forma explícita o implícita en el ordenamiento jurídico, que señalan las características más importantes del derecho procesal en un lugar determinado, así como las de sus diferentes sectores; y que orientan el desarrollo de la actividad procesal.” (1) OVALLE FAVELA , JOSÉ. Teoría general del proceso. Colección textos jurídicos universitarios .2 edición, México, 1994, Pág. 187.Cuando se trata de los principios que dirigen la organización del proceso, cabe señalar que en la mayoría de los casos, frente a un principio existe otro principio contrario. Por ejemplo, frente al principio de oralidad se presenta el de escritura, frente al dispositivo se presenta el inquisitivo. Los principios procesales casi en ningún caso se presentan en forma absoluta, es decir, no excluyen totalmente a su contrario de manera que en más de una ocasión se acoge en un sistema procesal un principio en forma mixta, como lo veremos más adelante. Cada uno de los principios procesales es producto de una evolución histórica, tienen justificación en la experiencia procesal, la que se caracteriza por la búsqueda de nuevos principios rectores, de ahí su dinamicidad. Además se complementan entre sí, es decir, se arrastran unos a otros, puesto que la presencia de algunos y su cumplimiento cabal solo es posible si además se está en presencia del complementario. Por ejemplo: la oralidad, la inmediatez y la concentración son principios que se complementan mutuamente, como se expondrá más adelante.

C. FUNCION DE LOS PRINCIPIOS PROCESALES.

Los principios procesales revisten especial importancia en materia procesal porque cumplen las siguientes funciones esenciales:

a. Constituyen la base para que el legislador realice su función de redactar las normas jurídicas procesales. Los principios procesales son de diversa índole y el legislador puede elegirlos y seleccionarlos para utilizarlos como base de la norma jurídica. Algunos de estos principios están consagrados en la Constitución Política, de manera que en esos casos, el legislador no puede elegir entre varios principios sino que debe someterse a ellos al elaborar la ley.

b. Facilitan la labor comparativa. Por medio de la identificación de los principios procesales que se siguen en un derecho procesal es posible identificar las características del sistema en un momento histórico y lugar determinados facilitándose el estudio comparativo entre varios sistemas.

c. Contribuyen a dirigir la actividad procesal. Los principios procesales orientan al operador del derecho en la función interpretativa de la ley y también lo auxilian en la labor de integración de la misma... Los artículos 3 y 4 del Código Procesal Civil establecen que la interpretación y la integración de la ley procesal deben hacerse de acuerdo con los principios generales del Derecho Procesal.

LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO PROCESAL

A. LIBRE ACCESO A LA JUSTICIA.

El principio de libre acceso a la justicia se define como la posibilidad que tiene cualquier persona de acudir a la administración de justicia a dirimir un conflicto de intereses. Es el derecho de acción, la posibilidad jurídica o el derecho subjetivo abstracto que tienen todas las personas de poner en movimiento el aparato jurisdiccional para obtener una respuesta ante un conflicto de intereses. Este principio tiene rango constitucional. En nuestro ordenamiento jurídico está consagrado en el artículo 41 de la C P.

B. PRINCIPIO DE JUEZ IMPARCIAL

No se puede hablar de administración de justicia si no se cumple con este principio. En todos los casos, el juez debe ser un tercero ajeno a las partes, que estudie y resuelva el asunto con absoluta imparcialidad y además debe gozar de independencia funcional. El juez debe sentirse soberano en la recta aplicación de la justicia, conforme a la ley. Este principio tiene su fundamento en el artículo 35 de la CP. La imparcialidad implica la ausencia de vínculos entre el juez y los intereses en contienda o con los interesados. Con respecto a la resolución, esta es imparcial si se justifica por razones objetivamente válidas y lógicamente comprensibles.

C. PRINCIPIO DE JUSTICIA CUMPLIDA

Este principio tiene su fundamento en el ya citado artículo 41 CP. Las personas que acuden al proceso tiene derecho a exigir que la justicia que imparten los tribunales sea cumplida, es decir, que el asunto se tramite en cumplimiento estricto de las normas procesales de orden público y además que la decisión del fondo del asunto se haga de acuerdo con las normas de fondo correspondientes.

D. PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO, DE CONTRADICCIÓN O BILATERALIDAD DE LA AUDIENCIA

Este principio tiene fundamento en el artículo 39 CP, que consagra la inviolabilidad de defensa en juicio de las personas, el cual tiene importancia no únicamente en el proceso penal, sino también en el civil, pues la defensa del patrimonio y de la familia tiene para el individuo una importancia trascendental.

En nuestra materia este principio se traduce como el régimen de la bilateralidad, según el cual todos los actos de procedimiento deben ejecutarse con intervención de la parte contraria. Ello importa la contradicción, o sea, el derecho a oponerse a la ejecución del acto, y el contralor, o sea el derecho de verificar su regularidad. Cada una de las partes debe conocer lo pedido por la otra de manera que se le garantice la oportunidad de aceptar o contradecir lo afirmado por aquella. Calamandrei (jurista italiano) sostiene que “ el juez no está nunca solo en el proceso. El proceso no es un monólogo, sino un diálogo, una conversación, un cambio de proposiciones, de respuestas y de réplicas, un cruzamiento de acciones y de reacciones, de estímulos y contraestímulos, de ataques y contraataques” CALAMANDREI, PIERO, Proceso y Democracia. Harla, México, 1996, pág.151. Eso es lo que se recibe el nombre de carácter dialéctico del proceso. (2). Este principio recibe múltiples denominaciones tales como principio de contradicción, bilateralidad de la audiencia, de controversia, defensa en juicio o igualdad procesal. Tiene diversas manifestaciones en el proceso civil, las cuales se comentarán a continuación.

D.1. Los actos procesales de comunicación. Los actos de comunicación son de vital importancia dentro del proceso. En nuestro sistema procesal civil se cumple este principio pues la Ley de Notificaciones , Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales establece en el artículo 2 una lista de resoluciones que es imprescindible que se notifiquen en forma personal al demandado o interesado para que tenga la oportunidad de ejercer su defensa en forma apropiada. Es imprescindible acotar que existen circunstancias especiales, que prevén casi todas o todas las legislaciones, en las que no se aplica este principio. Nos referimos al caso de las medidas cautelares las cuales se dictan sin comunicación previa a la parte contra la que se dictan, concretamente en el caso del embargo preventivo, regulado en los artículos 272 y siguientes del Código Procesal Civil. En este caso se justifica que no exista la bilateralidad de la audiencia porque para que el embargo preventivo cumpla su finalidad práctica, es decir, tenga efectividad, es necesario que el embargo se realice ante de que el posible accionado sea notificado, con el fin de que este no logre sustraer u ocultar los bienes de su patrimonio que el acreedor requiere para garantizar el pago de su deuda.

D.2. Plazo para ofrecer la prueba. Es necesario que ambas partes tengan oportunidad de presentar las pruebas en que fundamentan sus pretensiones y además la contraprueba para desdecir a la contraparte.

D 3. Inmutabilidad de la demanda. (Prohibición de la mutatio libeli) De acuerdo con este principio, una vez que la demanda ha sido notificada al demandado no es posible permitir al actor variar su pretensión, pues de lo contrario se afectaría gravemente el principio del contradictorio. Sin embargo, debe aclararse que con respecto al proceso ordinario, el artículo 313 CPC, establece la posibilidad de que la demanda y la contrademanda sean ampliadas por una única vez en cuanto a la pretensión formulada, siempre y cuando no exista contestación. Esta oportunidad no constituye una violación al principio del contradictorio porque la misma norma establece que en la resolución en que se tenga por ampliada la pretensión, se le debe dar un nuevo emplazamiento al demandado.-

D.4. Igualdad de las partes. En el proceso se debe garantizar a ambas partes igualdad de oportunidades para presentar sus alegatos y para plantear recursos.

D.5. Límites de la sentencia. Este tema está estrechamente relacionado con el contradictorio porque la sentencia proferida en un juicio solo afecta a las personas que fueron parte en el mismo, o a quienes jurídicamente ocupen su lugar. En otras palabras, la sentencia sólo afecta a quienes fueron debidamente convocados al proceso y tuvieron oportunidad de ejercer su defensa en el mismo.

E. PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL

Nuevamente, el artículo 41 CP sirve de fundamento a este otro principio.- Se trata de lograr en el proceso los mayores resultados posibles, con el menor empleo posible de actividades, recursos y tiempo. Dicho principio exige, entre otras cosas, que se simplifiquen los procedimientos, se delimite con precisión el litigio; sólo se admitan y practiquen pruebas que sean relevantes para la decisión de la causa; que se desechen aquellos recursos e incidentes que sean notoriamente improcedentes...En nuestro Código procesal Civil existen diversas normas que tienen como finalidad garantizar el cumplimiento de este principio. Por ejemplo, el artículo 97 inciso 1, confiere al juez poderes de ordenación, entre los que destaca el desechar cualquier solicitud o articulación que sea notoriamente improcedente o implique una dilación manifiesta. El artículo 98 ibídem, señala en los incisos 1 y 6 que el juez debe velar por la rápida solución del proceso y además debe dictar las resoluciones dentro del plazo legal. En los artículos 197 y 315, se impone al juez el deber de sanear el proceso, con el fin de evitar y corregir resoluciones o actuaciones que produzcan indefensión o causen perjuicio a alguna de las partes y que conduzcan a una sentencia nula.- El artículo 316, establece que dentro del proceso ordinario, el juez debe rechazar las pruebas que sean inadmisibles o impertinentes. Aquí el juez debe antes de pronunciarse sobre la admisión o rechazo de las pruebas hacer una análisis minuciosos del caso, para que pueda determinar con certeza cuáles de la pruebas ofrecidas por las partes son realmente relevantes y conducen al esclarecimiento de los hechos, y debe evitar admitir pruebas sobre hechos admitidos por ambas partes, es decir, hechos con respecto a los que no hay disputa. Otra manifestación de este principio se encuentra en la prohibición que tienen los jueces de otorgar audiencias en los casos en los que la ley no los establezca. Otro principio que opera aquí es el de la concentración procesal, es decir, la concentración en el tiempo de la mayor cantidad de actos procesales, indudablemente es una manifestación del principio de economía procesal, que se comentará posteriormente como un principio aparte.

F. PRINCIPIOS DE BUENA FE Y LEALTAD PROCESAL.

El proceso debe ser considerado por las partes y sus abogados como un instrumento del Estado para solucionar conflictos con arreglo a derecho, y no como una hábil maquinación para hacer valer pretensiones ilegales, injustas, o peor aún, fraudulentas. Por ello, los ordenamientos procesales más modernos impone a las partes el deber de comportarse en juicio con lealtad y probidad. Este principio va más allá de las buenas relaciones entre jueces y partes; se trata de la prohibición absoluta en el proceso, de toda sevicia, física o psíquica contra parte o tercero – testigo, perito -...El principio de probidad procesal, implica no utilizar argumentaciones fraudulentas; no utilizar el proceso como un instrumento para cometer fraude.-Este principio tiene aplicaciones prácticas en nuestro derecho procesal civil, como lo son el ya citado inciso 2 del artículo 97 del CPC que concede al juez facultades de ordenación , entre las que se incluye el rechazo de plano de cualquier solicitud o articulación que implique una dilación manifiesta. También el numeral 98 inciso 2, impone al juzgador la obligación de sancionar cualquier acto contrario a la dignidad de la justicia, la lealtad, la probidad y la buena fe, así como la sanción del fraude procesal. En igual sentido se encuentra el artículo 100 ibídem.,- El artículo 223 CPC, se refiere a la buena fe como requisito indispensable para que se le conceda a las partes el beneficio de exención en costas.

PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACION DEL PROCESO

A. PRINCIPIO DISPOSITIVO O PRINCIPIO INQUISITIVO

El principio dispositivo es el que le confiere a las partes la iniciativa del proceso así como su impulso. Se fundamenta en que el proceso es de las partes y el juez es un mero espectador del mismo, por lo que le confiere un papel pasivo. Como antítesis de lo anterior se presenta el principio inquisitivo o acusatorio, que le confiere al juez, no solo la iniciativa del proceso, sino también la conducción del mismo y la investigación de los hechos. Señala Alsina que “no existen sistemas puros y la prevalencia que en el procedimiento se asignen a uno respecto de los otros depende de la posición en la que la ley coloque a las partes frente al juez según el modo cómo se conciba la función jurisdiccional... Las modernas concepciones del proceso acorde con la evolución de las ideas políticas que consideran al individuo como integrante de un grupo cuya organización jurídica constituye el Estado, acusan una tendencia , aún en los países de estructura liberal democrática, a reconocerle una función de carácter prevalentemente público”. (ALSINA, HUGO).Para un mejor análisis del principio dispositivo es necesario subdividirlo para considerar los diversos factores que lo integran y de los que nos ocupamos a continuación, para luego establecer las modificaciones que ha experimentado este sistema, con la introducción del principio inquisitivo, llegándose entonces a un sistema intermedio, es decir, mixto.

A.1. Manifestaciones del principio dispositivo

a. Iniciativa del proceso El proceso debe comenzar por iniciativa de parte. El juez no puede iniciarlo en forma oficiosa. “La iniciativa en el sistema o principio dispositivo queda librada a la manifestación de voluntad de los interesados, quienes deben requerir la intervención del órgano judicial, ejerciendo la acción, que da el tema del proceso, al contener una pretensión.” (1). BACRE ALDO, op. cit, pág 418. Este principio está consagrado en el artículo 1 de nuestro Código Procesal Civil al establecer que el proceso se inicia con la demanda, puesto que la demanda únicamente puede ser interpuesta por el particular. Si no existe demanda el juez no puede actuar.

b. Fijación del objeto del proceso. (La congruencia de la sentencia)Las partes son las delimitan el objeto del proceso y la discusión debe centrarse en lo planteado por las partes, es decir, las partes fijan los límites del proceso. La consecuencia principal de esto es que el juez debe dictar su sentencia dentro de los límites planteados por las partes, es decir, entre lo alegado por estas y probado en el proceso. No puede el juez traer cuestiones nuevas. “Él no conoce otros hechos fuera de los que las partes invocan, ni otras pruebas que las que estas presentan. Su sentencia debe fijarse dentro de los límites de las pretensiones deducidas por el actor y aquello que reconoce o controvierte el demandado.”(2). VESCOVI, ENRIQUE, op cit, pág 53. Ese es el denominado principio de congruencia de la sentencia, que pretende frenar cualquier exceso de autoridad, por parte del juez. En nuestro sistema este principio se encuentra contemplado en los artículos 99 y 155 párrafo primero ambos del Código Procesal Civil. El primero establece que la sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda y que es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte. El segundo señala que “las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que se hubiere pedido.” Si la sentencia no cumple con este principio, entonces se trata de una sentencia incongruente. Si esta concede más de lo pretendido por las partes, se incurre en el vicio de ultra petita y si lo concedido en sentencia es distinto o ajeno a lo pedido por las partes, se habla de extra petita. La sentencia que no cumple con el principio de la congruencia es sancionada con nulidad, pues viola las disposiciones de carácter imperativo antes citadas. La S. I de la Corte,, en la Sentencia N° 56 de las 14 horas del 19 de abril de 1991 señaló que “ la incongruencia, como motivo de casación por la forma , estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes , no a lo largo del proceso, sino en sus escritos de demanda o contrademanda, con sus respectivas contestaciones , y lo que se resuelve en el fallo; no porque en este se decida algo diferente a lo querido por los litigantes , sino porque se omita pronunciamiento sobre algo que se pretende, o se otorgue más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarde correspondencia con lo que se pide , o porque contenga disposiciones contradictorias.”

c. Recursos. Otra manifestación del principio dispositivo es que los recursos puede ser ejercidos únicamente por la parte que haya sido perjudicada con las mismas y la competencia del superior se limita al conocimiento de los puntos objeto del recurso, es decir, las facultades de revisión de tribunal de segunda instancia se limitan a las cuestiones que han sido objeto del recurso. Este es el sistema que se sigue en nuestro Código Procesal Civil, pues el artículo 561 se establece que puede apelar de las resoluciones la parte o bien un tercero, cuando la resolución le cause un perjuicio. Luego el numeral 565 ibídem establece que “la apelación se considerará solo en lo desfavorable al recurrente. El superior no podrá, por lo tanto, enmendar o revocar la resolución en la parte que no sea objeto del recurso, salvo que la variación, en la parte que comprenda el recurso, requiera necesariamente modificar o revocar otros puntos de la resolución apelada.”

d. Disposición del proceso. Las partes pueden disponer no solo de los actos procesales, sino también del proceso, es decir, de los derechos sustanciales que se discuten. Las partes pueden voluntariamente modificar o extinguir la relación de derecho material que dio origen al proceso. La parte actora puede desistir de su demanda, ya sea total o parcialmente, según lo dispuesto por los artículos 204 y 205 del Código Procesal Civil. También tiene la facultad de renunciar al derecho. (Artículo 207 del Código Procesal Civil). Por su parte, el demandado tiene la facultad de renunciar a su derecho de defensa por medio del allanamiento (artículo 304 del CHP.) .Ambas partes, de común acuerdo pueden dar por terminado el proceso por medio de la transacción o bien, de la conciliación. (Artículos 219y 220 del CHP.)

e. Impulso procesal. Este aspecto del principio dispositivo llevado a su máxima expresión, determina que toda la actividad del proceso debe ser requerida por los litigantes. Las partes son las únicas que pueden decidir si siguen con el proceso, instándolo para que culmine en una sentencia o bien, si lo abandonan.

A.2. Introducción del principio inquisitivo.

Como indicamos al inicio de este apartado el principio dispositivo en la actualidad no se presenta en forma pura .El cambio más significado y del que derivan otros cambios, es la ampliación de las facultades del juez con el fin de que en el proceso se llegue a conocer la verdad material o real, y no quedarse en una verdad formal, impulsada por el principio dispositivo.

Sobre estas modificaciones introducidas al proceso civil, señala Alsina que las mismas se han “ampliado las facultades del juez y restringido las de las partes, pero sin olvidar, como dice Carnelutti, que en el proceso civil están en juego derechos subjetivos. Si bien se mantiene el principio de que el juez sólo puede pronunciarse sobre los hechos invocados por las partes va perdiendo el terreno el que a ellas corresponde exclusivamente la aportación de las pruebas, admitiéndose en cambio que el juez puede por sus propios medios completar un material de conocimiento; se mantienen el principio de que las partes son las dueñas de la acción, pero la facultad de impulsar el procedimiento mediante peticiones, acuse de rebeldía , provocación de caducidad, etc., va siendo sustituida por la perentoriedad de los términos y el pase de un estadio a otro, sin requerimiento de parte, por obra del juez o de la ley.” (1). ALSINA, HUGO, op cit, pág 451.

a. Juez director. Las codificaciones modernas han dejado de concebir al juez como un espectador del proceso y le han otorgado un papel activo. El juez es el verdadero director del proceso. Esta es la forma como nuestro Código procesal Civil concibe al juez civil. En los artículos 96, 97 y 98 del citado cuerpo legal, se le confieren al juez facultades disciplinarias, de ordenación e instrucción, las cuales le permiten dirigir el proceso para por medio de él llegar a la verdad real de los hechos que originaron el conflicto que se ventila. “El juez se concierte en un personaje que participa en la escena judicial desde el momento mismo de su inicio con la presentación de la demanda y cuya actitud debe proyectarse hasta el último acto de ejecución. (1). ARGUEDAS SALAZAR , OLMAN. Ob cit, pág. 81

b. Impulso procesal de oficio. En nuestro Código Procesal Civil, artículo 1 se establece que si bien es cierto el proceso de inicia a petición de parte, también lo es que el mismo se desarrolla por impulso oficial y por actividad de parte. De acuerdo con esta norma, el juez está obligado a impulsar en forma oficiosa el proceso, acercándolo hacia la sentencia, siempre y cuando no se requiera para su avance, la realización de una actuación o actividad que depende en forma exclusiva de la parte. Si el juez no cumple con ese deber será responsable de la demora que se origine en su negligencia. Otra manifestación de este principio la constituye la perentoriedad de los plazos, pues se establecen plazos perentorios, que vencen automáticamente sin necesidad de que la parte contraria acuse la rebeldía. Ejemplo de este principio lo constituye el artículo 310 del Código Procesal Civil, con respecto al proceso ordinario, que establece que en el caso de que el demandado, debidamente notificado del auto de traslado de la demanda, no la conteste, el juez de oficio debe declarar la rebeldía. Con respecto al proceso sumario, encontramos el artículo 436 del citado cuerpo legal que establece que si el demandado no contesta la demanda dentro del plazo conferido, el juez debe declarar con lugar la demanda, si ello resulta procedente.

3. Facultades probatorias. Las legislaciones modernas le confieren al juez amplias facultades en materia probatoria, tales como la facultad de solicitar prueba de oficio, ordenar prueba para mejor resolver, rechazar prueba impertinente o inadmisible y además se introduce el sistema de libre valoración de la prueba o sana crítica racional. El artículo 316 del Código Procesal Civil concede al juez la potestad de solicita prueba de oficio. En este caso, el juez al iniciarse la fase demostrativa del proceso ordinario, puede ordenar recibir, aparte de las pruebas ofrecidas por las partes, aquellas que él considere necesarias, a pesar de que ninguna de las partes las haya ofrecido. Distinta es la facultad que confiere el artículo 331 ibídem con respecto a la prueba para mejor resolver. En este supuesto, ya el juez tiene el expediente listo para el dictado de la sentencia, pero del estudio del mismo encuentra que exista alguna prueba, importante para llegar a la verdad real, y que la misma no se encuentra en el proceso, ya sea porque ninguna de las partes la ofreció, o bien porque fue ofrecida y no evacuada en la oportunidad señalada, entonces puede ordenarla en forma oficiosa. Por otra parte, el juez, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 316 del Código Procesal Civil debe rechazar la prueba que sea impertinente, inadmisible, ya sea porque se refiere a hechos admitidos, ilegales, notorios, o amparados por una presunción legal. Esta amplia facultad para el juez, implica al mismo tiempo una gran responsabilidad , puesto que es necesario que estudie cada proceso en forma minuciosa para poder determinar si la prueba ofrecida por las partes es admisible o no, o bien para determinar si hace falta alguna prueba y ordenarla de oficio.

Con respecto a la valoración de la prueba, los sistemas modernos establecen el sistema de la libre valoración racional o de la sana crítica en contraposición al de la prueba legal o tasada. El primer sistema permite al juez apreciar el valor o fuerza de convicción de la prueba, con base en las reglas de la razón, la lógica y la experiencia. No es un sistema arbitrario, puesto que el juez está obligado a motivar su sentencia, a explicar cuáles fueron los elementos de convicción que lo llevaron a tomar una decisión. En contraposición, el sistema de la prueba legal o prueba tasada, establece una tarifa legal de las pruebas, y “consiste en imponer al juez una cerrada y preestablecida valoración de la prueba, en forma que la ley le ordena si debe darse por convencido o no ante ella.” (1) DEVIS ECHANDÍA, Ob cit, pág

33.

En nuestro sistema procesal civil se adopta principalmente el sistema de la sana crítica, según lo establece el artículo 330 del Código Procesal Civil, con algunas manifestaciones del sistema de la prueba legal, como por ejemplo en lo referente a la confesión, a la que se le confiere el carácter de plena prueba, de acuerdo con lo estipulado por el numeral 338 ibídem.

G. 10. Adquisición procesal o de unidad de prueba

Este principio establece que todos los elementos que se incorporan al proceso, sean alegaciones o sean alegaciones o sean pruebas, se adquieren para este, es decir, pueden ser utilizados por cualquiera de las partes, son comunes a todas las partes que intervienen en el proceso.

“La vigencia de este principio impide, por ejemplo, que una de las partes desista de una prueba en razón de serle desfavorable, o que el actor niegue los hechos afirmados por él en su demanda, en el caso en que el accionado los invoque en su beneficio.” (1). BACRE, ALDO, Ob cit, pág 460. En nuestro sistema se aplica este principio, puesto que , de acuerdo con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 341 del Código Procesal Civil, las aserciones contenidas en un interrogatorio o en los escritos que se refieren a hechos personales del interrogante o parte, se tienen como confesión de estos. Asimismo, la parte tienen derecho a formular repreguntas a un testigo ofrecido por la parte contraria, al tenor de lo dispuesto por el artículo 358 párrafo tercero, ibídem

H. PRINCIPIOS DE PRECLUSION PROCESAL Y UNIDAD DE VISTA.

En algunos sistemas procesales, como en el costarricense, el proceso se divide en una serie de etapas o períodos fundamentales que se caracterizan porque en cada uno de ellos deben cumplirse ciertos actos, provenientes de las partes y del juez, de manera que una vez finalizada una etapa ya no se pueden cumplir los actos que pertenecientes a la misma no fueron cumplidos en el momento oportuno. “la preclusión ha sido definida como el efecto de un estadio del proceso, que al abrirse clausura, definitivamente, el anterior. Esto es, que el procedimiento se cumple por etapas que van cerrando la anterior. “ (1) VESCOVI, ENRIQUE. Ob cit, pág. 69. Calamandrei, explica que la preclusión se produce por tres motivos:

a) Desaprovechamiento de la oportunidad que otorga la ley, como por ejemplo el vencimiento de un plazo.

b) No haber ejercido en forma completa una facultad en el caso de que el ejercicio de la misma sea integral, de manera que no puede completarse posteriormente salvo disposición legal en contrario. Por ejemplo, el demandado que contesta y omitió ofrecer la prueba en el escrito de contestación, no puede posteriormente ofrecerlas para completar su escrito.

c) Se cumplió una actividad incompatible con otra anterior. Ejemplo: el demandado contestó la demanda no puede posteriormente oponer la excepción de incompetencia en razón del territorio.

En síntesis podemos decir que el proceso se desarrolla por etapas.

Del principio de preclusión se deriva el de eventualidad, que “importa la necesidad de aprovechar cada ocasión procesal íntegramente, empleando en su acumulación eventual todos los medios de ataque y de defensa de que se disponga para que surtan sus efectos ad eventum, es decir, por si alguno de ello no los produce” (1). VESCOVI, ENRIQUE, Ob cit, pág 69. Como ejemplo se pueden citar los artículos 290 y 305 del Código Procesal Civil que obligan a la parte actora a proponer toda su prueba en el escrito de demanda y a la demanda a proponerla al contestar. También el artículo 433 ibídem que establece la obligación para el demandado en procesos sumarios de oponer todas las excepciones dentro del plazo de cinco días que se le confiere para contestar la demanda.

El principio de preclusión procesal va acompañado del de impulso procesal de oficio, pues si no se establece el proceso por etapas es imposible que el juez pueda impulsar de oficio el proceso, conduciéndolo hacia la sentencia.

I. PRINCIPIOS DE ORALIDAD Y ESCRITURA.

Señala Chiovenda (jurista italiano), que en la actualidad es difícil concebir un proceso oral puro y uno de escritura puro, pues los sistemas en los que predomina la oralidad admiten la escritura en algún grado y aquellos en los que predomina la escritura también admiten la oralidad con respecto a algunos de los actos procesales. Resulta más apropiado y exacto hablar de sistemas mixtos, con predominio de uno un otro principio. En los sistemas donde predomina la oralidad es común que la demanda y la contestación de formalicen por escritos y en aquello en los que predomina la escritura es frecuente que la recepción de las pruebas se realice por medio de audiencias orales, aunque si puede darse en algunos casos.

Existe polémica en doctrina sobre las ventajas y desventajas de ambos sistemas, pues la crítica principal que se formula al sistema de escritura es que hace demasiado lento el proceso, a veces interminable, puesto que permite el abuso de recursos y otro tipo de maniobras para prolongar en forma innecesaria el proceso, creando confusión al juez y también a la parte contraria. Además se indica que la necesidad de traslados que deben ser notificados a las partes atenta contra el principio de celeridad y justicia pronta. Asimismo se señala que el proceso escrito no permite el contacto directo entre el juez y las partes y el carácter secreto del mismo no permite un control externo. En sistema oral que se propone en la doctrina moderna, y que funciona en algunos países, consiste en un proceso por audiencias. Existe “ una primera fase de proposición escrita, una o dos audiencias orales (prueba y debate); a veces inclusive la sentencia dictada al final de la última) y luego los recursos de apelación o casación, también escritos.

La oralidad se complementa con otros principios que son la inmediación, la concentración y la publicidad que se comentarán posteriormente.

Nuestro Código procesal Civil adopta un sistema predominantemente escrito con algunas fases orales como la audiencia de conciliación (artículo 315 para el proceso ordinario) y las audiencias de recepción de la prueba. (Artículos 342 y 358 del Código Procesal Civil).

J. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.

El principio de inmediación “significa que el juez debe encontrarse en un estado de relación directa con las partes y recibir personalmente las pruebas, prefiriendo entre estas las que se encuentren bajo su acción inmediata” (ALSINA, HUGO). En otras palabras el juez debe procurar tener el mayor contacto con los elementos objetivos y subjetivos del proceso, debe participar en el proceso en forma activa.

A este principio se opone el de mediación “inspirado quizá en el resquemor de que el contacto vivencial (especialmente del juez y las partes) pueda afectar la imparcialidad del juzgador; sustenta la conveniencia de que el juez guarde una relación impersonal e indirecta con aquellos elementos”. ( VESCOVI, ENRIQUE). Sin embargo, si se trata que en el proceso civil el juez pueda llegar a la verdad real, es necesario que el juez no se conforme con los datos que aparecen en el expediente, es necesario que se acerque a las partes, a los elementos del proceso para que luego dicte la resolución de acuerdo con la realidad. El juez debe en forma personal recibir todas las pruebas, básicamente la testimonial, la confesión y practicar personalmente los reconocimientos judiciales. Esa es la única forma en la que el juez puede tener un adecuado conocimiento del asunto que se discute.

K. EL PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN.

Este principio está íntimamente ligado al de oralidad y al de inmediación, y lógicamente también al de la economía procesal, aunque en este caso, al igual que en el de inmediación, no resulta imprescindible que el sistema sea predominantemente oral para que el mismo se cumpla, ya que en sistemas como el nuestro, con predominio de la escritura, pero con algunas audiencias orales para recibir la prueba, se puede dar cumplimiento a este importante principio. Este principio tiende a “acelerar el proceso eliminado trámites que no sean indispensables, con lo cual se obtiene al mismo tiempo una visión más concreta de la litis. Ello supone la concesión al juez de facultades amplias en la dirección del procedimiento, que le permita negar aquellas diligencias que considere innecesarias y disponer en cambio ciertas medidas destinadas a suplir omisiones de las partes o que estime convenientes para regularizar el procedimiento.” (ALSINA, HUGO),

El juez debe tratar de concentrar en el tiempo, la mayor cantidad de actos procesales posibles, con el fin de evitar que el proceso se disperse y de darle celeridad al proceso. El Código Procesal Civil

Este principio significa que “no debe haber justicia secreta, ni procedimientos ocultos, ni fallos sin antecedentes ni motivaciones. Pero ello no quiere decir que todo el proceso debe ser necesariamente público, y que toda persona pueda conocer en cualquier momento los expedientes... La publicidad se reduce a la discusión de pruebas, a la motivación del fallo y a su publicación, y a la intervención de las partes y sus apoderado y a la notificación de la providencia.” (ECHANDÍA, DEVIS).Efectivamente, la aplicación de este principio al proceso garantiza la posibilidad de un control externo al poder judicial, un control ejercido directamente por los ciudadanos. Sin embargo, existe la duda si es recomendable que se adopte en forma libre e ilimitada, ya que ello podría en algunos casos violar la esfera de la intimidad de las personas, como por ejemplo en los casos de procesos de familia.

En nuestro Código procesal Civil en el artículo 346 se establece que las únicas personas que pueden asistir a la audiencia de recepción de prueba confesional son las partes, sus apoderado y abogados directores y el 358 ibídem, que regula la recepción de la prueba testimonial, establece la posibilidad de que asistan a la audiencia correspondiente, además de las partes y sus abogados, otros abogados y estudiantes de derecho para fines didácticos.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

nice =)

Anónimo dijo...

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